El ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha indicado que el primer paso para ello es suscribir un acuerdo con Del Monte que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y luego llevado a la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), para su ratificación.
"Confío en que el proyecto de Ley sea presentado en este periodo legislativo para que en el verano (a partir de noviembre próximo) la empresa pueda iniciar sus inversiones en el área", afirmó Alemán, según informó la Presidencia panameña.
Alemán se refirió al asunto después de participar en una reunión con autoridades de la comunidad de Barú en la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles, ubicada en la provincia occidental de Chiriquí, cercana a la frontera con Costa Rica.
El ministro aseguró que se hacen los esfuerzos necesarios para que la empresa pueda hacer una inversión de hasta 220 millones de dólares, lo que generará, dijo, "importantes fuentes de trabajo".
Mencionó además que evalúan el mecanismo de adquisición de las tierras que son de interés para la empresa Del Monte, debido a que la Constitución prohíbe que los extranjeros sean dueños de terrenos a menos de diez kilómetros de la frontera, como es el caso.
"Aproximadamente hay 2.572 hectáreas que pertenecen al Estado, además les interesa adquirir otras tierras que pertenecen algunas a una asociación agrícola de aproximadamente 840 hectáreas, y 1.771 hectáreas privadas en Puerto Armuelles", explicó Alemán.
El distrito de Barú, con una población superior a los 25.000 habitantes, tiene en la producción bananera una de sus alternativas para mejorar la economía.
El Gobierno panameño conformó una comisión interinstitucional para estudiar la propuesta de la multinacional.
Hasta marzo de 2008, la estadounidense Chiquita Brands ostentaba el monopolio de la comercialización del banano en Barú, pero decidió abandonar el negocio y transferírselo a los trabajadores de las fincas, que se agruparon en una cooperativa llamada Coosemupar.
Del Monte lleva interesada en invertir en Barú desde 2009 y a mediados de abril de ese año llegó a un principio de acuerdo para administrar las plantaciones bananeras durante 25 años con el Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2009-2014), pero el trato al final no se llegó a concretar.
El pasado abril un grupo de extrabajadores de las plantaciones de Barú protestaron para exigirle al Gobierno acelerar las negociaciones y las inversiones bananeras.
Durante la protesta, se produjeron varios altercados violentos y resultaron heridos al menos 4 policías y 9 manifestantes.
