De los 1.300 millones de deuda del grupo, alrededor de 500 millones de euros son préstamos bancarios y deudas a empresas de arrendamiento, 50 millones son las deudas acumuladas con Hacienda y otros tantos a la seguridad social, mientras que el resto, unos 700 millones de euros, son deudas a sus proveedores.
Las deudas a los trabajadores de la cadena apenas alcanzan unos 5 millones de euros y anoche la empresa se comprometió con los sindicatos a pedir la exclusión de estas de la cesación de pagos.
Tanto el Gobierno como los comerciantes temen que, en caso de quiebra de la empresa, habrá un efecto multiplicador de quiebras entre los proveedores, lo que a su vez provocará la pérdida de miles de puestos de trabajo más y acentuará la recesión económica en un periodo que el Gobierno espera la vuelta al crecimiento.
En caso de quiebra, según los medios locales, los proveedores recaudarían por la subasta de los bienes inmobiliarios, que no estén hipotecados, de la empresa y de sus mercancías apenas el 5 por ciento de lo que se les debe.
Por otro lado los bancos y las empresas de arrendamiento recaudarían más de 90 % de sus préstamos, gracias a las subastas de las hipotecas, mientras Hacienda y la Seguridad social, que en casos de quiebra perciben lo se les deben con prioridad, recaudarían la totalidad del dinero debido.
Marinópulos pide al tribunal decretar la suspensión de pagos inmediata, con el objetivo de negociar una quita de sus deudas con los proveedores de hasta un 40 % y la reestructuración de las deudas a los bancos y las compañías de arrendamiento.
En paralelo la empresa pondrá en marcha un plan de saneamiento que prevé el incremento de su volumen de negocio anual de los 1.500 millones a los 1.800 millones, con unos 180 millones de euros de beneficios anuales, lo que le permitiría devolver el resto de sus deudas a un plazo de quince años.
Los problemas financieros de la cadena Marinópulos que dispone de 705 supermercados de diversos tamaños -desde hipermercados hasta pequeños supermercados de barrio- empezaron con el estallido de la crisis económica y se acentuaron cuando la cadena Carrefour, que fue su socia durante más de 20 años, decidió en 2012 retirarse de Grecia.
Desde entonces Marinópulos comenzó una huída hacia adelante, con ventas de productos sistemáticamente por debajo su coste y la compra masiva de pequeñas cadenas de supermercados en la periferia del país.
Esta política comercial, en lugar de provocar la desaparición de sus competidores del mercado generó pérdidas gigantescas, mientras varios analistas se preguntan por qué durante estos tres años no intervino la autoridad antimonopolio.
