La mayoría de los afiliados extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) están hoy en Andalucía (89.274); Murcia (40.781), Comunidad Valenciana (24.735), Cataluña (11.863) y Castilla y León (4.127).
Los activos procedentes de Marruecos (71.587) y Rumanía (59.830) suman más de la mitad del total, aunque el campo español es una Torre de Babel, que incluye a búlgaros, lituanos, polacos, portugueses, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, ucranianos, pakistaníes, subsaharianos y un largo etcétera de procedencias.
Para la patronal COAG, es "de justo reconocimiento" el papel que los inmigrantes han tenido en el desarrollo rural, especialmente cuando nadie quería trabajar en la agricultura.
En 2015, el 21,32 por ciento de los ocupados del agro fueron extranjeros -casi un 2,5 por ciento más que en el año anterior- y las personas inmigrantes "siguen encontrando un nicho de empleo" en el campo, explica María Paz Martín, del Área de Relaciones Laborales de COAG.
El alto grado de despoblamiento y envejecimiento rural, los bajos niveles de renta comparados con otros sectores, la temporalidad y la estacionalidad -añade Martín- "provocan que en el sector agrario haya una demanda inequívoca de trabajadores inmigrantes, sin los cuales habría sido inviable el progreso económico rural".
Desde UPA-Huelva, Manuel Piedra, recuerda que hasta 2006 se constató la mayor presencia de extranjeros en la fresa. Ese año comienza "la burbuja inmobiliaria", los españoles se fueron a trabajar en la construcción y había escasez de asalariados.
"Empezamos a recurrir a contratos en origen, primero en Polonia, luego en Rumanía, Bulgaria o Senegal", especifica Piedra.
Un gran número de rumanas, polacas o búlgaras llevan más de diez años en esta actividad y en muchos casos han formado familias aquí.
Las marroquíes son el principal colectivo extra-comunitario en la fresa y son actualmente más de 5.000, después de un fuerte crecimiento -de un 46 por ciento desde 2012-, según datos del sector.
Preguntado sobre las condiciones laborales de estos trabajadores, Piedra subraya que Huelva fue pionera en contratación en origen y hoy es una referencia en materia de inmigración para toda España.
"Seguro que habrá algún desaprensivo, como en todo, pero en Huelva se cumplen los convenios y relaciones con los trabajadores".
"Las grandes superficies que nos compran -de Alemania, Francia u otros- no sólo controlan la calidad de la fresa, sino que pasamos auditorías sociales", incluidas entrevistas con los trabajadores para ver "cómo se comportan sus jefes y en qué condiciones viven".
"Una comisión (de estas empresas compradoras) viene a visitar las viviendas. Se fiscalizan las nóminas…"; unos controles que se suman a los habituales de la Administración en España, apostilla.
El secretario de Empleo e Innovación de CCOO, José Fuentes, recuerda a Efeagro que, en 2011, se aprueba la integración del Reass en el Régimen General de la Seguridad Social y "se producen una serie de irregularidades o anomalías en el encuadramiento de los trabajadores", que motivó la bajada de 12.000 activos del SEA.
España ha pasado de tener picos de 248.700 afiliados al SEA en 2010 a quedarse en 200.000 actualmente, una caída que se explica porque mucha gente salió de España con el último plan de retorno voluntario del Gobierno. Al tiempo, otros trabajadores utilizan la agricultura para "aterrizar" pero, más tarde, se incorporan a otras actividades como construcción, hostelería y servicio doméstico.
Los sindicatos creen que los datos oficiales no son reales y CCOO calcula, así, que entre el 15 y el 20 % de todos los empleados que realmente trabajan en el campo "están en la economía sumergida".
"Pedimos un plan integral contra empleo sumergido y la explotación laboral", añade Fuentes, tras denunciar que "hemos visto en algunas campañas salarios del 50 % inferiores a lo estipulado en convenio".
El secretario del Sector Agrario, Forestal y Manipulado Hortofrutícola de Fitag-UGT, Emilio Terrón, exige que las autoridades crucen los datos sobre la cantidad de producciones que recogen los empresarios y la cantidad de jornadas que éstos les declaran porque "las Administraciones lo pueden hacer, si quieren".
"Desde Fitag-UGT reclamamos un plan urgente especial para el sector agrícola, porque está abandonado. Hay precariedad en el empleo y malas condiciones de trabajo", concluye Terrón.
