El informe económico 2015-2016 revela una estimación de pérdidas globales de más de 23 millones de euros, con robos por valor de 64.000 euros al día, por lo que las entidades exigen una mayor eficacia policial y, también, más colaboración con las Administraciones.
En la presentación del informe han participado el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado; el secretario general de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel, y el presidente de Cooperatives Agroalimentàries, Cirilo Arnandis.
Aguado ha indicado que en los últimos años, de entre los 15 y 20 millones de euros de lo que se robaba correspondía sobre todo a material de infraestructuras, pero que a lo largo de 2016 la incidencia de los robos se ha disparado y ha ascendido a un 30 por ciento, lo que supone 23,4 millones de euros en pérdidas globales.
"Estimamos que en el campo valenciano se roba cada día por valor de 64.000 euros", ha sentenciado el presidente de AVA-ASAJA, quien ha añadido que Valencia es la provincia líder en cuanto a porcentaje de robos agrícolas en España, según los datos oficiales.
Según ha dicho, los robos en infraestructuras de regadío suponen unas pérdidas de 9,4 millones de euros, mientras que las sufridas en cosechas ascienden a 7,8 millones y los daños indirectos, como la reparación de desperfectos, están valorados en 2,4 millones.
Según datos del Gobierno, solo en el primer semestre de 2015 se produjeron 1.338 robos, ha declarado Aguado, quien ha considerado la necesidad de hablar "como personas civilizadas" con la Administración ante una situación tan preocupante.
Por su parte, Mampel ha destacado la necesidad de mejorar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, terminar con "la desconfianza en la cultura de la denuncia" y revisar algunos aspectos del nuevo Código Penal.
Para Mampel, las modificaciones en el nuevo Código se deben a la presión social de los robos, detrás de los cuales hay un mercado de distribución, y ha señalado que deberían revisarse aspectos como el hecho de que los hurtos se penalicen de seis a dieciocho meses si la cantidad supera los 400 euros, pues consideran que "el límite establecido debería reducirse a 100 o incluso menos".
También deberían tenerse en cuenta los daños indirectos del robo, "que suponen un gasto añadido", ha indicado, además de las "agresiones físicas y psicológicas" a los afectados y la reincidencia, pues el artículo 22 contempla que el culpable estará condenado por delitos "de la misma naturaleza", pero el delito puede incluir actuaciones diferentes "que deberían ser acumulativas".
A su juicio, el Código Penal presenta "una mejora sustancial" respecto al anterior, pero todavía hay deficiencias que requieren "una mayor implicación" de los órganos judiciales y de la sociedad para reducir estas agresiones.
Arnandis ha solicitado "eficiencia en las actuaciones policiales" en el ámbito rural, "compromiso en las distintas administraciones", capacidad inspectora y control, y "ejemplaridad de las instituciones judiciales".
El máximo responsable de las cooperativas ha reclamado un aumento en el número de agentes destinados a combatir la criminalidad en el campo, tanto por parte de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía autonómica.
También ha pedido una mejor coordinación entre las consellerias para evitar el incremento de robos, así como la existencia de "instrumentos jurídicos eficientes".
