Así, se pone fin a 15 años de inactividad y olvido de esta Confederación que cuenta con la participación de 13 de los 23 mercados centrales de frutas y hortalizas que existen en España.
A este primer acto, una vez elegida la nueva Junta Directiva en Asamblea General Extraordinaria, le siguió la celebración del I Congreso de COEMFE, que ha tenido una buena acogida, teniendo en cuenta que, apenas horas después daba comienzo una de las ferias más importantes para el sector que, a buen seguro, hizo complicado cuadrar agendas y evitó que la afluencia fuera mayor.
Este I Congreso deja claro que uno de los motivos de recuperar COEMFE, cuyo peso en el sector es cercano al 90 por ciento por el alto grado de representación que tiene dentro del sector mayorista hortofrutícola, es la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria que emana del Gobierno y que deja desamparados a estos profesionales.
Pero, ¿qué hace que esta Ley sea percibida con tanta reticencia y considerada como parcial? Desde COEMFE se dice que “es asimétrica e injusta para los mayoristas y el comercio tradicional, que deja exentos del pago a 30 días a proveedores, y a otros eslabones de la cadena alimentaria, además de no tener en cuenta las exportaciones”.
El hecho de que el 82 por ciento de los expedientes sancionadores, y algo más del 60 por ciento de las inspecciones recaigan sobre este sector, genera esta percepción de discriminación, desamparo e impotencia del canal mayorista ante esta Ley. Un canal que distribuye el 40 por ciento de la fruta y hortaliza fresca en el mercado alimentario español, con lo que esto significa en cuanto a empleo, inversión y flujo monetario en la economía española, que no olvidemos, sigue convaleciente.
Desde COEMFE se ve necesario promover la importancia de la función social del canal mayorista en la configuración del justiprecio.
“Una realidad que se contrapone a la idea extendida de que el mayorista realiza únicamente una función de intermediación, vacía de valor, que incrementa el precio del producto.
Cuando esto no es así, ya que también, aportamos valor a la cadena”, nos recuerdan.
Esta visión, en cuanto al valor que aporta este canal a la cadena alimentaria, fue comentado por uno de los ponentes invitados, Carlos Buxade, quien daba especial importancia a trabajar para cambiar esa percepción negativa que existe hacia el mayorista y, por el contrario, comunicar y hacer ver el valor que aportan, invitándoles a aplicar el concepto “win to win” en la cadena alimentaria.
Objetivos
Ante este escenario, el primer objetivo claro de COEMFE debe ser erigirse como lobby, y trabajar para tener presencia y representación institucional, pasando de ser un mero espectador a uno de los protagonistas, para defender sus intereses y detener las sanciones derivadas de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, al igual que frenar la pérdida de competitividad que supone su aplicación, sobre todo para las empresas mayoristas que se dedican, también, a la exportación.
“Con la refundación de la Confederación nos constituimos como lobby para ser interlocutor válido y único ante la Administración y conseguir, en primer lugar, que la Ley deje de ser asimétrica y perjudicial para los mayoristas, y para el comercio tradicional y, se detengan las sanciones contra nuestros empresarios”, explica el Presidente de COEMFE y de ASOMAFRUT en Mercamadrid, Andrés Suárez.
Por su parte el Presidente de AGEM en Mercabarna, Jaume Flores, y Vicepresidente de
COEMFE, añade que: “las pequeñas y medianas empresas no tenemos el poder de la gran empresa de distribución. La Ley ha de contemplar esta singularidad. Estamos obligados a pagar a 30 días a nuestros proveedores; mientras, sin embargo, nuestros clientes pagan a más de 45 días y, en el caso de las exportaciones, que suponen más del 30 por ciento de la comercialización en Mercabarna, el pago es a 60 días. La Ley no tiene en cuenta nuestra realidad, ni tampoco analiza el sector detallista. Es necesario amparar también al comercio tradicional”.
Más aún, la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria obliga, mediante un severo régimen sancionador, al pago a 30 días a los proveedores. “Unos plazos que no se ajustan a la realidad de nuestros cobros”, explican.
“Queremos un trato justo ante otros eslabones de la cadena alimentaria como son las cooperativas y el canal Horeca, ambos, exentos de esta exigencia”.
No hay que olvidar que el canal mayorista acumula más del 60 por ciento de las inspecciones y, el 82 por ciento de los expedientes sancionadores incoados por la Agencia de Información de la Cadena
Alimentaria (AICA). Sanciones que van desde los 3.001 euros hasta los 100.000 euros.
Discriminación y castigo al sector tradicional.
Los mayoristas se explican la concentración de las sanciones sobre su sector argumentando que “la ley nos discrimina respecto al canal Horeca y otros eslabones de la cadena”.
En este sentido, recuerdan que las inspecciones extraordinarias del AICA ocasionadas por el veto ruso que se realizaron a 353 empresas “ofrecían una distribución que recaía especialmente, de nuevo, sobre el sector tradicional” explican. En efecto, del total de las empresas inspeccionadas, 21 (6 por ciento) eran productores; 29 (8 por ciento) fueron industrias; 154 (44 por ciento) correspondían a mayoristas; 13 (3 por ciento) eran hipermercados; 51 (14 por ciento), supermercados; 16 (4 por ciento), tiendas de descuento y 69 (19 por ciento) fueron fruterías.
Para los mayoristas estos datos ponen de relieve que “las inspecciones no están de acuerdo con el peso de las ventas por canal” y evidencian “el castigo al sector tradicional con el 63 por ciento de las inspecciones”.
