Según ha informado la Generalitat, Cristina Moreno ha recalcado que la Dirección General de Trabajo va a proponer "las sanciones más altas para aquellas empresas que actúen de esta forma, porque no sólo se está realizando un fraude a los trabajadores y a la Seguridad Social, sino también una competencia desleal a aquellas empresas que sí cumplen con las condiciones salariales y laborales".
Se ha mantenido una reunión de trabajo y de coordinación la directora general de Trabajo y Bienestar laboral, Cristina Moreno, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roger Llanes, con el Director Territorial de la Inspección de Trabajo, Eusebio Ortiz, y el director provincial de la Inspección de Trabajo, Juan José Camino, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, competente en la realización de las inspecciones de trabajo.
El secretario autonómico de Agricultura, ha manifestado que "ha llegado el momento de terminar con situaciones laborales no deseables en una campaña como la de cítricos, en la que trabajan una media de unas 60.000 personas anualmente".
Ha defendido "la necesidad de un cambio en la regulación laboral y el establecimiento de un calendario de inspección, no sólo para la campaña de cítricos, sino además para otras campañas importantes como la del caqui o la de uva de mesa".
Según Rodríguez Mulero, la recolección de cítricos "es un trabajo de especialistas que se realiza todos los años durante varios meses y lo correcto sería que las empresas tuvieran contratadas a los trabajadores mediante un contrato fijo discontinuo, y que utilizaran la modalidad de contrato a través de ETT sólo para cubrir picos de demanda".
Cristina Moreno ha explicado que "el mercado de trabajo en el campo arrastra un problema histórico, que en los últimos años ha ido degenerando, mediante la utilización fraudulenta de Empresas de Trabajo Temporal, disfrazando el tiempo y la cantidad de las jornadas de destajo, y pagando a estos trabajadores menos de lo que dice el convenio".
La directora general ha denunciado "la laxitud con la que había actuado la autoridad laboral de la Generalitat en los últimos años en la resolución de sanciones", y ha transmitido "el respaldo total del actual Consell a las actuaciones que realice la Inspección de Trabajo".
Ha explicado que "la Inspección de Trabajo realizó al año pasado un proceso extraordinario en el que detectó irregularidades graves en 11 empresas tras estudiar el número de kilos facturados, precios de venta, tiempo de trabajo y balances".
De este proceso se van a proponer sanciones a cuatro empresas de unos 400.000 euros, más unos 160.000 euros de liquidación a la Seguridad Social, ha asegurado.
