La Ley tampoco prevé regla alguna sobre la fijación del precio y cómputo del plazo de pago en las operaciones de venta en consignación o a comisión, sin aclarar si estas operaciones se encuentran incluidas en el ámbito de la normativa. De este modo, dichas operaciones provocan involuntariamente para el mayorista – incumplimientos sancionables. No queremos incumplir la Ley, queremos que se tenga en cuenta la particularidad de nuestro sector, recuerdan los mayoristas.
La Confederación Nacional ha convocado para el próximo 27 de octubre un congreso que tendrá como tema principal la aplicación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. A la cabeza de la Confederación están las Asociaciones de Mayoristas de Mercamadrid, ASOMAFRUT, con más de un centenar de operadores, y Mercabarna, AGEM, con 161 firmas.
Los mayoristas piden un período transitorio para adaptarnos a la Ley y que se detengan las sanciones. Las multas pueden alcanzar los 100.000 euros y durante los meses de verano han empezado, de oficio, a llegar a empresarios mayoristas. Nos sentimos víctimas de la operativa de esta Ley, aseguran.
Tras algo más de 15 años en calma, la Confederación Nacional de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de España de la red Mercasa con 23 centros en todo el país – ha vuelto a unirse. Los empresarios mayoristas quieren hacer oír su voz de forma unánime ante la Administración y hacer frente a la aplicación de la Ley 12/2013 de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que fija los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios (de acuerdo a lo establecido en la Ley 15/2010 de medidas en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).
Expedientes sancionadores
Según lo dispuesto en la normativa, los mayoristas, como operadores de la cadena alimentaria, tienen un plazo de 30 días para pagar a sus proveedores. El incumplimiento prevé sanciones que van desde los 3.001 a los 100.000 euros y que de oficio ya han empezado a llegar a los empresarios. La Agencia de Información de la Cadena Alimentaria (AICA), organismo que controla la aplicación de la Ley, ha realizado más de 1.800 inspecciones a empresas mayoristas e iniciado los expedientes sancionadores a un centenar de mayoristas, según informaciones facilitadas por el AICA a la revista Frutas y Hortalizas FyH.
Efectivamente, desde el pasado mes de julio han empezado a llegar las primeras sanciones de oficio. Esto nos indigna, porque no hemos tenido ni un período de adaptación ni la información suficiente. Nos sentimos especialmente agraviados ante otras formas de gran distribución que quedan protegidas por esta Ley. Los mayoristas somos víctimas de esta normativa, aseguran.
Una Ley al margen de la realidad mayorista
Los mayoristas recuerdan que por la red de mercas pasa el 40 por ciento del producto fresco y configuramos un importantísimo canal de gran distribución. Sin embargo, la Ley no ha tenido en cuenta las particularidades de este eslabón de la cadena alimentaria. Estamos obligados a pagar a 30 días a nuestros proveedores. Sin embargo nuestro clientes pagan a más de 45 días, y en caso de la exportación el pago es a 60 días.
Los mayoristas se quejan además de que siendo un canal tan relevante de distribución en el producto fresco no se les haya consultado. No se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco se ha analizado el sector detallista.
