Una de las cuestiones que ha denunciado la PDE en su voto motivado es que lo considera como "un fraude en el sector agrario de la Cuenca", porque "de las 465.000 hectáreas de nuevos regadíos, sólo entre un 5 y un 10 por ciento pueden tener viabilidad en las próximas décadas".
Las falsas demandas, advierte, darán lugar a nuevas concesiones "de las que se beneficiarán las comunidades de usuarios que participarán en la venta de derechos de agua a otras cuencas".
En cuanto a los caudales ambientales contemplados en el plan, los tilda igualmente de "fraude" al sostener que se han determinado en función de una manipulación técnica y obedeciendo a un único criterio: "El caudal ambiental es el sobrante de las demandas teóricas previstas en el plan".
La PDE lamenta que no se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el colectivo de entidades que representa, Cuenca Azul, ni las más de 4.500 alegaciones individuales de los ciudadanos de la cuenca "preocupados por la falta de cumplimiento de las normativas europeas en materia de aguas.
Además, considera "una grave irresponsabilidad" que no se haya modificado el Plan siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
Según la portavoz de la PDE, Susanna Abella, "es una oportunidad que ha perdido el Estado para adaptarse a las directrices de la directiva marco del Agua europea, lo que pone en peligro fondos europeos en materia de aguas y puede ocasionar un grave perjuicio económico a los usuarios del agua".
