El Consejo de Ministros de Agricultura no fue capaz de limar las discrepancias sobre tres de los puntos más complicados: los controles a las explotaciones "eco", la fijación de unos límites de residuos de pesticidas y las importaciones de países terceros.
A pesar de que, desde España, tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como el conjunto del sector han hecho un gran esfuerzo por intentar acercar posturas, hay países cuya firmeza en sus demandas dificulta llegar a un acuerdo.
Desde Intereco, que agrupa a las autoridades públicas de control, han recordado que la propuesta elaborada por la Comisión Europea (CE) ha sido, desde sus inicios, ampliamente cuestionada por el sector y por una gran mayoría de Estados miembro.
No obstante, han considerado que "es imprescindible que haya una interpretación, clara y armonizada a nivel europeo sobre las actuaciones a realizar si se detecta la presencia de residuos de sustancias no utilizables en producción ecológica", aunque un acuerdo de este tipo parece difícil de lograr.
La presidencia de turno letona de la Unión Europea (UE), a la vista de lo alejadas de las posiciones, decidió aplazar su negociación al Consejo de Ministros del próximo mes de junio.
Según ha resaltado el presidente de la Federación de Empresas con Productos Ecológicos de España (Fepeco), Juan Antonio Caballero, la Comisión anunció que si no se alcanzaba un acuerdo en esa fecha retiraría la propuesta.
Para Caballero, desde sus inicios la propuesta "nació con el rechazo de todo el mundo" (sector y países), porque "estaba mal planteada y plagada de incongruencias" e incluso en su opinión "atentaba contra los principios básicos de la agricultura ecológica".
De ahí que el coordinador técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Víctor Gonzálvez, haya asegurado que "más bien nos alegra que no haya acuerdo": "Nuestra apuesta es que se retire" una propuesta para cuya elaboración ni se contó con el sector, ni con los Estados miembro.
"Estamos asistiendo a una pelea de funcionarios y burócratas" sobre una "reforma total y completa" del reglamento de la agricultura ecológica que "no era necesaria", ha afirmado Gonzálvez.
La secretaria general de la Asociación Vida Sana, Montse Escutia, también ha señalado que "el proceso se inició con mal pie" y no había "justificación para introducir cambios drásticos e incluso contradictorios" en el reglamento.
Escutia ha apuntado que no tiene sentido, por ejemplo, la prohibición de que un mismo titular tuviera explotaciones en ecológico y en convencional, endurecer los requisitos a los productores y suavizarlos a los transformadores, o permitir normas más laxas para los alimentos ecológicos importados.
