Retail

Agricultura apunta a varios supermercados para acoger nuevas sanciones

El Gobierno de Rajoy sabe a estas alturas que cadena o cadenas serán sancionadas las próximas semanas por no cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que "probablemente, en este 2015, veremos nuevas sanciones" a operadores que hayan incurrido en prácticas prohibidas por la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Las primeras sanciones han ido a parar a algunas cadenas de supermercados como el grupo Dia y sobre la mesa ya hay denuncias de proveedores interpuestas a Eroski, que desde la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) silencian.

Este organismo señala que a quien no cumpla la ley "no le saldrá gratis". La agencia, que se constituyó en abril del año pasado, lleva más de 1.800 inspecciones para vigilar que no se cometen prácticas abusivas o, si se cometen, que sean debidamente sancionadas, según ha detallado la ministra, y de ellas, una acabó en sanción.

"Todavía no se han terminado los expedientes sancionadores que están encima de la mesa. A lo largo de 2015 los iremos cerrando; archivando si no están debidamente fundamentados o sancionando cuando así sea", ha precisado.

"A lo largo de este año ya estaremos a una velocidad de crucero y probablemente veremos nuevas sanciones", ha remarcado.

Ha recordado que la ley -que obliga a realizar contratos de compra-venta, en los que figuren los precios y el plazo de cobro- cuenta con "una herramienta potente" como es la agencia AICA, adscrita al Ministerio, para velar por su cumplimiento.

García Tejerina ha destacado que, tras el verano, las inspecciones se centraron en las frutas y hortalizas, con un plan de control específico para evitar que las perturbaciones originas por el veto ruso repercutieran también en el mercado nacional.

Ha indicado que el Gobierno ha puesto en marcha un protocolo de actuación para detectar cuando se alcanzan precios anormalmente bajos, lo que conlleva la recogida de muestras en los lineales y un análisis sobre las razones que los motivan, para luchar contra la venta a pérdidas y prácticas prohibidas por la ley.

El objetivo del Gobierno con esta Ley es "hacer todo lo que esté en nuestra mano" para que determinadas prácticas comerciales no mermen el potencial ni de productores, ni de industrias, y que "esto redunde en mejores precios para todos los eslabones de la cadena".