Tenemos que acabar con los desequilibrios en la cadena para que, del campo a la mesa, el valor se reparta de forma equitativa entre productores, industria y distribución”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Para intentar acabar con estos desequilibrios, en 2014 ha entrado en vigor la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que esperamos que en 2015 tenga resultados tangibles.
Desde el 3 de enero es obligatorio formalizar contratos por escrito, antes de la entrega de la producción, determinando el precio del producto y plazos de pago, erradicando así la ‘venta a resultas’, tan extendida en el sector agrario. Es destacable la actuación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que surge con la puesta en marcha de esta ley para perseguir y sancionar las prácticas comerciales abusivas.
En 2015 trabajaremos de forma intensa trabajando intensamente en la elaboración del Código de Buenas Prácticas. En ese sentido, pedimos valentía al MAGRAMA para apostar por un código que prohíba el uso de productos reclamo o la venta a pérdidas, incluya la figura de un mediador con suficientes competencias, que priorice los productos de temporada y de proximidad, y obligue a respetar los plazos de pago de 30 y 60 días para productos perecederos.
Se cierra un año con más sombras que luces marcado con la aprobación definitiva de una PAC perversa para los verdaderos profesionales agrarios, las pérdidas provocadas por el veto ruso y una dañina volatilidad de precios. La entrada en vigor de la mencionada Ley de mejora de la cadena alimentaria y la rebaja del impuesto especial de electricidad para regadío, ponen la nota de color.
Reforma PAC
Finalmente, el pasado 19 de diciembre se aprobaron los reales decretos definitivos que recogen las normas de aplicación de la reforma de la PAC en España. COAG ha mostrado su indignación y decepción ante las modificaciones de última horas introducidas por el Ministerio de Agricultura a instancias de la Comisión Europea.
Las excepciones que recoge el texto final facilitarán cobrar las ayudas a titulares no activos, que en principio iban a ser expulsados del sistema en base al no cumplimiento del nivel de ingresos mínimos provenientes de las actividad agraria que recoge la definición de agricultor activo (20 por ciento). Se abre así la puerta a caza-primas, absentistas, grandes propietarios de tierra e incluso cotos de caza, que no tienen actividad agraria real.
“Se han tirado por tierra todas las expectativas que se habían generado respecto a una reorientación de la PAC a favor del `agricultor activo´ y de un modelo social y profesional agrario, sostenible y de futuro para nuestro país”, ha lamentado Miguel Blanco, a lo que ha añadido: “a nivel general se consolida una Política Agraria Común que profundiza en la eliminación de los mecanismos de regulación del mercado, caldo de cultivo para la volatilidad de precios, fenómeno que lastra la rentabilidad de las explotaciones y frena la innovación”.
Precios a la baja
La renta agraria en términos corrientes ha disminuido un 7,1 por ciento en 2014 tal y como recoge la primera estimación publicada por el MAGRAMA. El informe recoge un recorte del valor de la producción agraria total del 3,9 por ciento, fundamentalmente por una caída del 6,2 por ciento en los precios a pesar del aumento de la producción del 2,4 por ciento. Por sectores, destacan las pérdidas de valor de patata (-41,3 por ciento) y frutas (-13,0 por ciento), entre otros.
Veto ruso
El anuncio del embargo ruso irrumpió de lleno en plena campaña de exportación de fruta de hueso. Durante ese periodo, las cotizaciones en origen se desplomaron un 75 por ciento y los productores de melocotones, nectarinas y ciruelas, fundamentalmente de Aragón, Cataluña y Extremadura, tuvieron que afrontar grandes pérdidas. Se estima que un entre un 20-30 por ciento de la producción no pudo enviarse a destino.
Las medidas extraordinarias puesta en marcha por la UE no tuvieron el efecto deseado porque fueron tardías e insuficientes y las comercializadoras de las principales zonas de producción pasaron “olímpicamente” de acogerse a las medidas de retirada de producto.
El efecto dominó del veto ruso también ha pasado factura los productores de porcino, que han soportado una caída de precios por debajo de los costes de producción en segundo semestre.
Reducción fiscal
Entre lo más positivo, destaca la exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes, definitiva y estructural, para compensar el incremento de costes por la nueva tarificación eléctrica. Fruto de la mesa de negociación con el Ministerio de Agricultura, una explotación media tendrá un ahorro de 650 euros en su factura.
También se ha conseguido mantener el régimen de cotización de módulos para el sector agrario en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, una buena noticia para agricultores y ganaderos.
