Francia ha sido el país que más proyectos ha presentado en la segunda convocatoria de alquiler a largo plazo de tierras agrícolas en Marruecos, con 43 proyectos, seguida de Chipre, con 18 y España con 17. No obstante, sólo el 12% de las candidaturas proceden del exterior, el 88% restante son nacionales, cifra muy similar al de ofertas extranjeras (14%) de la primera convocatoria de 2005.
En esta segunda convocatoria se ha ofertado el alquiler de 38.528 hectáreas distribuidas en 116 lotes. A diferencia de la primera convocatoria se han contemplado tres tipos de proyectos con convocatorias separadas: pequeños y medianos proyectos, grandes proyectos y proyectos enfocados a la producción de semillas certificadas.
Para los proyectos enfocados a la producción de semillas certificadas, para los que existía una oferta de 5 proyectos en 12.000 hectáreas, se han presentado 27 candidaturas.
En total, se han presentado 860 candidaturas, de las que 629 corresponden al grupo de los pequeños y medianos proyectos, para los que se convocaron 92 lotes con una superficie total aproximada de 14.000 has. En lo referente a grandes proyectos, se han presentado un total de 203, para una oferta de 20 lotes con un total de 13.000 has.
Esta segunda convocatoria comenzó en el mes de octubre y recientemente ha concluido la primera fase, consistente en el proceso de apertura y estudio de las ofertas presentadas por los operadores nacionales. La segunda fase, que acaba de comenzar, estará dedicada al estudio y análisis técnico, económico y financiero de los proyectos presentados a concurso, y se prevé para la misma una duración de dos meses, hasta finales de enero de 2008, con lo que a partir de esa fecha se efectuará la adjudicación de las tierras a los proyectos seleccionados.
Según las previsiones de la empresa estatal SODEA, se esperan en total inversiones del orden de 600 millones de euros, con una creación de 20.000 nuevos empleos, en comparación con los 400 millones de euros y 17.000 empleos directos obtenidos de la primera convocatoria.
Los alquileres de tierras, previstos para una duración de 17 ó 40 años, en función del tipo de cultivo y explotación de la tierra de que se trate, podrán ser prorrogados, de acuerdo entre ambas partes y en función de nuevas inversiones propuestas, a partir del 25º año para los proyectos a 40 años, y del 12º en los proyectos a 17 años.
