Así lo han apuntado en un comunicado conjunto Cooperativas Agro-Alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y la patronal de supermercados Asedas, que coinciden en que es fundamental que la Unión Europea (UE) considere la cadena agroalimentaria en su conjunto en futuros debates presupuestarios.
A su juicio, dicha consideración "contribuirá a resaltar la importancia del sector agroalimentario en la economía europea", que solo "en España representa el 8,36 por ciento del PIB, genera dos millones de empleos y es el segundo sector en importancia tras el turismo".
Durante la pasada semana, los representantes del sector se han reunido en Bruselas con los eurodiputados Lidia Senra (Grupo PE Izquierda Unitaria Europea), Clara Aguilera y Sergio Gutiérrez (Grupo Socialista y Demócratas Europeos) y Pablo Zalba, Pilar Ayuso, Gabriel Mato, Esther Herranz y Antonio López-Istúriz (Partido Popular Europeo), así como con representantes de la CE.
Tras los encuentros, según las mismas fuentes, se ha acordado mantener nuevas reuniones y hacer un seguimiento conjunto de los temas abordados.
Los asuntos más estratégicos, en su opinión, son "las políticas agrarias y alimentarias que dependen casi exclusivamente de normativas comunitarias".
"Por ello -han añadido- es importante que los responsables políticos europeos, especialmente los españoles, mantengan un diálogo fluido y constante que permita compartir información y mejorar la coordinación entre las organizaciones, para que los intereses agroalimentarios españoles se tengan en cuenta en la UE".
El decálogo considera clave al sector agroalimentario español y califica de prioritario que se establezca una "estrategia de país" por parte de los representantes españoles en cualquier negociación comunitaria, en la línea de los principios marcados por el Estatuto del Lobby Europeo.
Ante crisis económicas como la actual, apuesta por medidas eficaces para recuperar el consumo y que tiren de la demanda interna y reactiven la economía, como el acceso al crédito y el fomento de la creación de empleo y de las políticas de promoción.
Entre las diez prioridades señala la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración y cooperación entre los eslabones de la cadena, entre los que incluye a las administraciones públicas.
El decálogo hace hincapié en que el eslabón productor debe incrementar su valor añadido con la mejora de sus estructuras de producción, comercialización, transformación y negociación.
El impulso de las garantías de seguridad alimentaria de todos los alimentos, la lucha frente al cambio climático desde plantamientos que no procedan sólo del norte de Europa y las políticas de innovación e investigación con un enfoque integral de la cadena también se incluyen en su propuesta.
El texto apuesta por "la consolidación de un verdadero mercado único europeo", sin "trabas y barreras innecesarias al comercio intracomunitario", y que en los acuerdos internacionales se evite "concesiones relativas a productos agrarios sensibles" o para aquellos que tienen "la misma estacionalidad que los comunitarios".
