El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra denunciaron que la ley deja en situación de vulnerabilidad a más de 8.000 comunidades campesinas e indígenas y origina "un caldo de cultivo" para futuros conflictos sociales.
Según indicaron, en julio de este año, el Congreso aprobó la ley dentro de una serie de iniciativas del Ministerio de Economía y Finanzas que buscan promover y dinamizar la inversión en el país.
En ese sentido, remarcaron que "si bien la inversión es muy importante" para la economía peruana, la ley mencionada "da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer".
Asimismo, denunciaron que esta legislación permite al Estado, mediante "procedimientos especiales", entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran e "ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos".
"Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo", indicaron.
Richard Smith, director ejecutivo del IBC, organización que lidera el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú, afirmó que esta iniciativa implica "una reforma agraria al revés" y aseguró que el título III de la ley no fue parte del debate de julio pasado y lo consideró "una bomba de tiempo".
Agregó que otro artículo de la ley otorga a la Superintendencia de Bienes Nacionales poderes extraordinarios para extinguir las "cesiones en uso" de las tierras y recursos estatales, lo que podría ser una amenaza directa a las comunidades nativas.
"Hay que derogar el título III y hay que excluir a las comunidades y pequeños propietarios y agricultores del alcance de este punto de la ley, en cuya reglamentación no se ha considerado ni el Ministerio de Agricultura y Riego", enfatizó.
Smith recordó que la Defensoría del Pueblo ya envió una carta a la primera ministra, Ana Jara, en la que indicaba que esta ley no es aplicable a los territorios comunales porque va en contra de la Constitución del país.
El coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Álvaro Campana, sostuvo que la ley "prácticamente echa abajo todo lo que se ha avanzado en materia de ordenamiento y las acciones para evitar la superposición de usos, la falta de planeamiento, la depredación de recursos, los conflictos sociales y la afectación de los derechos de la población".
Por su parte, la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, recordó que en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la guerra interna desatada en el país entre 1980 y el 2000, existe una recomendación sobre ordenamiento territorial.
"Para que el país sea más justo debe haber un planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas ecológicas, minería o hidrocarburos", remarcó.
