El programa incluye inspecciones para verificar si los contratos alimentarios cumplen los requisitos mínimos de la citada ley.
"Asimismo, AICA está comprobando si se han producido modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales en las operaciones de compraventa o si se han realizado pagos adicionales no previstos en los contratos", ha puntualizado.
También se están revisando las condiciones de realización de subastas electrónicas o si se está cumpliendo el pago de las frutas y hortalizas en 30 días, ha remarcado el Ministerio.
Estas 125 inspecciones a empresas se han llevado a cabo durante el mes de septiembre en 14 Comunidades Autónomas, analizando 650 transacciones comerciales de frutas y hortalizas.
Así, hasta la fecha se han enviado a las empresas inspeccionadas 55 requerimientos de información por escrito.
Una vez finalizada la fase de investigación, "se procederá a instruir el correspondiente expediente sancionador en aquellos casos en los que se detecten posibles infracciones de la ley de mejora de la cadena alimentaria".
Estas inspecciones abarcan todos los eslabones de la cadena alimentaria: productores, entidades asociativas, industrias transformadoras y empresas comercializadoras y distribuidoras, tanto mayoristas cono minoristas, entre otras.