Así lo ha denunciado ante los medios de comunicación Rafael Sánchez de Puerta, director-gerente de Faeca, que ha acordado con las organizaciones agrarias andaluzas (ASAJA, COAG y UPA), así como con los sindicatos UGT y CCOO la unidad de acción para poner en marcha una campaña de movilizaciones en todos municipios donde hay cooperativas afectadas.
El problema radica en las diferencias suscitadas entre Hacienda y las cooperativas en el proceso administrativo llevado a cabo por éstas en el suministro de carburantes y en la forma de declarar los 30 céntimos por litro de gasóleo profesional que tienen subvencionado, según el responsable de Faeca.
Las cooperativas han actuado "conforme" a la ley de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales de 1995, aunque ahora están siendo inspeccionadas por el procedimiento empleado en la declaración del combustible consumido y bonificado.
El resultado, ha explicado Sánchez de Puerta, supone que una veintena de cooperativas andaluzas, muchas de ellas de la provincia de Sevilla, deben devolver ahora a Hacienda cantidades que oscilan entre los 800.000 a 300.000 euros, es decir unos 3 millones de euros como reclamación de la parte bonificada del impuesto de los últimos años.
"No son sanciones por una infracción, están pidiendo la devolución de la bonificación desde el 2006, es decir 30 céntimos de subvención por cada litro de combustible consumido porque han cambiado el procedimiento administrativo de declaración", ha indicado.
Por ello, ha advertido: "De producirse esta devolución algunas entidades estarán abocadas al cierre".
Faeca ha considerado "desproporcionada" la relación causa-efecto, con las peticiones de devolución que, a nivel nacional, se eleva a unos cinco millones de euros, aunque la mayor concentración de cooperativas está en Andalucía, comunidad en la que "continúan" la inspecciones.
El director-gerente ha lamentado también que para poner el asunto en manos de los tribunales de lo contencioso-administrativo se les exija de fianza cantidades "iguales" a las que les reclama Hacienda, lo que hace "inviable" esta posibilidad por el daño económico que causaría a estas entidades.
Además de consensuar con las organizaciones agrarias y sindicales medidas de protesta, las cooperativas andaluzas preparan un calendario de actuaciones que incluirá contactos con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y los diferentes partidos políticos de la comunidad.
