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COAG pide que se permita la jubilación anticipada de los agricultores autónomos

COAG ha recordado que el sector agrario fue en 2023 la actividad profesional con mayor índice de mortalidad laboral en España, con 8,23 fallecidos por cada 100.000 trabajadores.

COAG ha solicitado este jueves formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio del procedimiento para permitir la jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos autónomos con las mismas prestaciones que si lo hicieran a los 67 años.

En un comunicado, ha indicado que esta petición, que ha hecho junto a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), la realizan tras la publicación en mayo del Real Decreto 402/2025, que recoge que debe haber condiciones dignas para colectivos que trabajan en condiciones «duras y de riesgo».

COAG ha recordado que el sector agrario fue en 2023 la actividad profesional con mayor índice de mortalidad laboral en España, con 8,23 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, una cifra que se triplica a partir de los 55 años.

Para esta asociación, el inicio del procedimiento solicitado «no es una cuestión de privilegios, sino de justicia social», ya que «el campo envejece, jugándose la vida».

Ha apuntado que la elevada siniestralidad, las enfermedades profesionales, y las durísimas condiciones laborales hacen insostenible alargar la vida laboral de los hombres y mujeres del campo hasta los 67 años«.

Como ejemplos, ha detallado que en algunos casos están sometidos a condiciones de riesgos por la «exposición constante a productos químicos, uso de maquinaria pesada, sobreesfuerzos físicos, exposición al aire libre en condiciones extremas y por el contacto con animales de gran porte».

Tanto COAG como Uatae han subrayado también en el comunicado «la especial vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural, que enfrentan una doble carga física y mental, muchas veces con un nivel elevado de medicación en los últimos años de vida laboral, mientras siguen desarrollando tareas de alto riesgo».

A su juicio, es el momento para que el Gobierno «actúe y aplique los coeficientes reductores que la ley ya prevé», como ya ocurre para otras actividades, como la minería o la del gremio de bomberos.