El Seprona de la Guardia Civil no les da tregua: solo en tres campañas de inspección se ha incautado de 100 toneladas de pesticidas ilícitos.
La última operación, llamada «Dusku», la llevó a cabo la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona contra una red criminal que vendió 25 toneladas de productos fitosanitarios sin autorización, por un valor de 400.000 euros. Se detuvo a siete personas.
Una intervención que fue consecuencia de otra anterior en la que se localizaron en Irún (Gipuzkoa), Arenales del Sol (Alicante) y la Castres (Francia) 26 toneladas de esos productos no regulados. Al frente estaba una banda que habría ganado cuatro millones de euros con esa actividad ilícita.
Y es que el trafico ilegal de los pesticidas es un negocio goloso para las «malas hierbas» que intentan entrar en él y enturbiar un sector que, en general, se caracteriza por el riguroso cumplimiento de la normativa, como recalcan a EFE responsables de la UCOMA.
Perjuicio económico
Según datos del Ministerio de Agricultura, España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas, con más del 25 por ciento de la producción europea, y el cuarto a nivel mundial tras China, EEUU y Países Bajos.
Usar fitosanitarios no autorizadas puede causar un impacto en la seguridad y en la salud de los ciudadanos, un riesgo que asumen los falsificadores.
Tradicionalmente, la lucha contra este fenómeno se ha enfocado como un delito contra la propiedad industrial y contra la salud pública, combatiendo a redes dedicadas a las copias ilegales o falsificaciones de marcas y empresas legales.
Porque estos grupos saben que el cliente conoce la fama de esa marca y su eficacia y «pica». Lógicamente, esta actividad ilícita repercute económicamente en las empresas de fabricación y suministro legales.
En 2022 el Seprona decidió dar un giro más de tuerca y dirigir también la investigación a esta problemática: la presencia de sustancias desconocidas en la composición del pesticida, es decir, tóxicos no autorizados que al aplicarse sobre el terreno y filtrarse en los acuíferos conllevan un riesgo para el medio ambiente, entre otros riesgos no deseados.
Así, a los delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública, se suman los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque aunque sus efectos sobre nuestro hábitat no se perciban de inmediato como sí ocurre en la alimentación, a medio y largo plazo pueden ser muy graves.
Incluso los investigadores añaden a esa lista el delito de riesgo catastrófico cuando el producto no está almacenado en las condiciones exigidas por la normativa de seguridad que regula este sector, una de las más exigentes no solo para el almacenamiento, sino también para la comercialización y aplicación de los fitosanitarios.
De hecho, al aplicador se le exige que lleve un equipo de protección individual (EPIs) y a todos los profesionales involucrados una mínima formación. Asimismo, se obliga a contar con un carné de usuario profesional con cuatro categorías según las funciones desarrolladas por quien manipula o aplica estos productos o el nivel de toxicidad de los mismos.
Y para las aplicaciones aéreas, cuyo uso se limita a casos especiales -se están utilizando ya también drones- se exigen requisitos adicionales.
