La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficia a casi un 40 % de los asalariados del campo con jornada completa, según Comisiones Obreras, mientras que los empresarios agrarios piden bonificaciones para no salir perdiendo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 4,4 % del SMI, que quedará establecido para 2025 en 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas, tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT.
El responsable del Campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez, ha destacado a Efeagro que la medida se aplicará a todos los trabajadores temporales de las campañas agrícolas y a casi todos los demás sujetos a convenios colectivos, pues solo unos pocos tienen un salario mínimo superior.
Según cálculos del sindicato, la incidencia relativa de la subida del SMI es mayor en aquellos sectores con salarios medios más bajos y beneficia en mayor medida a los asalariados de la agricultura a jornada completa, concretamente a un 39 % de ellos.
Hasta 159.600 asalariados a jornada completa en la agricultura cobrarán el salario mínimo en 2025 (en 2024 fueron 128.200), lo que representa el 9 % de los 1,79 millones de perceptores del SMI en España.
Jiménez también ha señalado que la subida salarial beneficiará a los peones y las categorías más bajas, y que habrá que actualizar las tablas salariales en casi todos los convenios sectoriales, muchos pendientes de renovación.
Por su parte, el secretario del sector agroalimentario de UGT-Fica, Sebastián Serena, ha lamentado que en el diálogo social del sector primario no sea posible incrementar los salarios «de manera pactada a través de los convenios colectivos y el convenio estatal, que sigue bajo un bloqueo blanqueado».
«Si los empresarios negocian con los sindicatos, no tendrán que quejarse de que el Gobierno legisla y no deja negociar», ha sostenido Serena, que ha recordado que los productores cuentan con distintas ayudas mientras crecen sus exportaciones.
Críticas de organizaciones agrarias
El secretario de organización de la organización agraria Asaja, Juan José Álvarez, ha asegurado que el nuevo aumento del SMI les resulta «inasumible a no ser que haya alguna bonificación o compensación para los empresarios agrarios, que están sufriendo una subida acumulada del 80 % desde 2017».
Sobre el incremento de costes, Asaja ha estimado que el coste real para el empresario agrícola será de 1.925 euros por trabajador, de los que 720 euros se descontarán en cotizaciones e IRPF.
«Estamos de acuerdo en que los trabajadores tengan mejores salarios y subidas adecuadas para su bienestar, pero pedimos unas bonificaciones que las compensen», ha afirmado Álvarez, para quien esta medida «impuesta por decreto dinamita la negociación colectiva de los convenios negociados y los que quedan» pendientes.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha apuntado que la mano de obra se está convirtiendo en el «principal coste de las explotaciones» y que la subida salarial de 2025 tendrá una repercusión de unos mil millones de euros sobre el sector.
«A lo productores no nos ponen los precios por real decreto en un mercado en el que en muchos casos no llegamos a cubrir los costes de producción», ha añadido Padilla.
Se ha mostrado a favor de que los trabajadores tengan un sueldo digno, pero ha criticado a la Administración de no cumplir su promesa de dar compensaciones teniendo en cuenta que «muchas explotaciones no están para hacer milagros».
La organización UPA ha considerado «positivos» los avances en materia laboral, salarial y social que beneficien al conjunto del sector agrario, pero ha advertido de que la subida del SMI «deberá repercutirse hacia delante en la cadena alimentaria y no recaer nunca sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos».
En ese sentido, ha resaltado que los salarios son un coste más y deben ser cubiertos, como establece la Ley de cadena alimentaria.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha precisado que el rendimiento neto obtenido por la actividad de los profesionales del campo está «bastante alejado» del SMI aprobado cada año por el Gobierno (en 2022 el rendimiento neto fiscal fue de 12.441 euros, el 11 % por debajo de los 14.000 euros de salario mínimo).
La organización ha criticado al Gobierno que «no reconozca el esfuerzo de los autónomos agrarios al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas».
Los demás eslabones de la cadena alimentaria
La industria alimentaria, a través de su patronal FIAB, y la patronal de supermercados Asedas se han remitido en su valoración a la opinión de la patronal CEOE, que se desligó del acuerdo.
Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha señalado que, al igual que con la reducción de la jornada laboral, la mejora del SMI es una «prueba más» del «intervencionismo» del Gobierno en materias de negociación colectiva.
Ha apuntado el temor a un «efecto dominó» y una tendencia «alcista en los salarios» y, por ende, en los coste laborales, que «si no están ligados» a una mayor productividad en las empresas conllevará «problemas» y «ajustes».
