El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha resaltado que siempre han estado «a favor de los procesos democráticos» y que esta actitud les ha llevado «a ser la primera organización agraria del país».
Barato ha aludido a «que en las urnas participe la agricultura activa», que pueden ser agricultores, pero también entes jurídicos, comunidades de bienes o sociedades de transformación habituales en este sector con actividad real en el campo» y que ahora se abre un trámite parlamentario en el que podrán «trabajarse» matices.
El secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha apuntado que, si no se corrigen las deficiencias del texto en el trámite parlamentario, «nos reservamos, cuando proceda, iniciar los procedimientos contencioso-administrativos o judiciales para imposibilitar que salga adelante una ley antidemocrática».
Para Blanco, el Ministerio lo plantea como una «mera consulta» -no como «elecciones»- para sortear la ley general electoral; no garantiza la participación y podría «duplicarse de manera arbitraria» el número de los activos con derecho a voto, y con un censo tan amplio, a su juicio, se «diluirá» la representatividad y se debilitará al sector.
