El Congreso de los Diputados aprobó ayer dicha normativa que regula aspectos como la mediación en los contratos, la conservación de documentos, las prácticas abusivas, suministro de información obligatoria, gestión de marcas y código de buenas prácticas comerciales.
Del Pino ha advertido que también «exigirán igual cumplimiento al resto de los operadores de la cadena» por lo que confía en que las administraciones públicas velen para que la aplicación de dicha ley se traduzca en una «cadena más eficiente y competitiva, en beneficio de todos los operadores económicos y del propio consumidor».
«Es responsabilidad de las administraciones evitar que se produzcan efectos perversos que nos lleven a costes administrativos desproporcionados, a una distorsión en los modelos empresariales o a la pérdida de la capacidad de respuesta de productores y distribuidores frente a los desafíos el mercado», ha sentenciado.
A su juicio, «la postura de ACES durante el proceso del elaboración del proyecto y de tramitación de la ley ha sido siempre muy clara y transparente: había que haber explorado otro enfoque de la ley, en línea con lo que señaló en su informe la Comisión Nacional de la Competencia».
Ha añadido que «no obstante, una vez cerrado el proceso disponemos de un marco definitivo que es al que tenemos que atenernos».
Ha afirmado que durante el trámite legislativo de la ley sólo se puso «el foco en la distribución comercial» y que ahora, tras ser aprobada por el Congreso, habrá que ver «si realmente va a permitir una mejor estructuración de las relaciones y muy especialmente en el sector agrario.»
