El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobará el próximo martes en Estrasburgo (Francia) una propuesta que endurece los requisitos para la autorización de productos pesticidas en la UE.
La Eurocámara votará, en primera lectura, un conjunto de propuestas legales, presentadas por Bruselas, que tienen como fin actualizar las normas comunitarias relativas al uso y la comercialización de los productos fitosanitarios.
La nueva legislación apuesta por un uso sostenible y tiene en cuenta los efectos nocivos de los fitosanitarios para la salud, además de endurecer los criterios de aprobación de nuevos pesticidas.
La normativa debe ser aprobada conjuntamente por el PE y por el Consejo de ministros de la UE. El PE se pronunciará sobre tres informes, redactados por la eurodiputada alemana Christa Klass (Partido Popular Europeo), la eslovaca Irena Belohorská (no inscritos) y la alemana Hiltrud Breyer (Los Verdes).
En esos dictámenes, que ya ha examinado la comisión de Medioambiente del PE la postura de los eurodiputados es más dura que la legislación propuesta por la Comisión Europea (CE).
Entre los grupos parlamentarios, hay discrepancias sobre los dictámenes aprobados en la comisión de Medioambiente y en concreto, el Partido Popular Europeo (PPE) considera que las medidas implicarían un «exceso de burocracia» en cuestiones como las zonas barrera, en torno a las masas de agua, en las que no se podrán almacenar ni utilizar plaguicidas.
El informe de Belohorska recomendó a los Estados miembros que promuevan una agricultura con un bajo uso de plaguicidas y que den prioridad a las alternativas no químicas.
Además, la nueva legislación introduce a nivel comunitario una lista de «sustancias activas» (ingredientes de los pesticidas), que servirá de guía a los Estados cuando quieran conceder aprobaciones nacionales a nuevos productos.
El informe de Breyer pide recortar a dos años (frente a los cinco propuestos por la CE) el período en que las sustancias podrán formar incluidas en esa relación.
La comisión parlamentaria abogó también por considerar sustancias prohibidas y solicitó que se preste especial atención a los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas, los lactantes o los niños.
Por otra parte, la comisión del PE rechazó la sugerencia de la CE de dividir la UE en tres zonas geográficas -norte, centro y sur- a la hora de aprobar los nuevos plaguicidas, de manera que la aprobación en un país supusiera la autorización automática en el mismo área.
El informe de Klass pide que se imponga una reducción en el uso de plaguicidas del 25% en cinco años y del 50% en 10 años y reclama que la imposición de cánones o impuestos a los productos finosanitarios, para desincentivar su uso.
La tramitación de este dictamen ha despertado las quejas de las industrias fabricantes de fitosanitarios y desde España, ha habido críticas por parte de las organizaciones agrarias, así como de los agricultores, productores y exportadores de frutas u hortalizas.
La asociación Freshfel, que representa al comercio hortofrutícola de la UE, ha pedido a los eurodiputados que tengan en cuenta el impacto de las propuestas y tener en cuenta que para los productores de frutas y hortalizas es «cada vez más difícil» combatir las plagas porque hay cada vez menos productos fitosanitarios disponibles.
Cita como ejemplo los insecticidas, importantes para la producción citrícola del sur de Europa y dice que ya no se pueden usar 65% de los que se podían adquirir en el pasado.
