Un total de 5.083 jóvenes solicitaron ayudas para su incorporación al campo en 2012, una cifra que supone un incremento del 79 por ciento con respecto a la media de los últimas cuatro campañas y que responde a la alta tasa de paro juvenil y a la ausencia de alternativas laborales.
Así se desprende del informe sobre el «relevo generacional en el campo como clave estratégica para la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo rural sostenible», realizado por las Juventudes Agrarias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que se ha presentado en Madrid.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha asegurado durante su intervención que, debido a las dificultades presupuestarias de las administraciones, no se están cubriendo las peticiones de dichas ayudas, que confinancian las comunidades autónomas y la Unión Europea a través de la Política Agraria Común.
En términos absolutos, destacan Extremadura con 1.700 peticiones (+73 por ciento) y Castilla y León, con 1.007 (+121 por ciento).
Blanco ha lanzado una «llamada de socorro» sobre la «urgente necesidad» de adoptar políticas de Estado para el relevo generacional, ya que, por ahora, sólo el 5 por ciento de los productores agrarios tiene menos del 35 años, frente a un 56 por ciento que sobrepasa los 55 años.
La región en la que más ha aumentado el número de solicitudes es Asturias, con 450 peticiones en 2012 frente a las 118 de la media de los últimos cuatro años, lo que supone un incremento del 317 por ciento.
De los jóvenes, el 53 por ciento trabaja por cuenta propia y la incorporación, en la mayoría de los casos, se hace a través de los propios familiares (70 por ciento).
El perfil de los jóvenes que intentan buscar una alternativa en el campo responde al de hijos o nietos de agricultores que trabajaban en otras áreas, fundamentalmente la construcción, y que tienen muy en cuenta la innovación a la hora de desarrollar su actividad.
Según el estudio de COAG, la cercanía del puesto de trabajo, la independencia para tomar decisiones y la relaciones entre compañeros son algunos de los aspectos que más valoran los nuevos productores.
Por el contrario, la escasa rentabilidad económica y el reducido margen para compaginar su trabajo con otras actividades se señalan como las peores condiciones del trabajo en el campo.
Desde el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) se insiste en que cada joven que se incorpora a la agricultura genera ocho puestos de trabajo indirectos en el medio rural, por lo que consideran necesario tomar medidas para mejorar su entrada al sector.
Para el presidente del CEJA, Joris Baecke, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que se encuentra en la fase final del debate, supone una «oportunidad clave» para mejorar las posibilidades de continuidad.
Entre las estrategias, Baecke ha planteado que la medida de destinar el 2 por ciento de las ayudas directas a la incorporación de jóvenes agricultores sea de aplicación obligatoria y no voluntaria.
Además, ha reclamado que en el segundo pilar de la PAC, dedicado a la política de desarrollo rural, incluya como medida prioritaria la incorporación de los jóvenes.
Sobre estas medida, Baecke ha precisado que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han apoyado esta medida, por lo que «la decisión la tienen los ministros».
En su opinión, «2020 será tarde», por lo que ha apelado a todos los ministros de agricultura de la UE y, en concreto al español, Miguel Arias Cañete, a «tomar responsabilidad» en este asunto.
Como ejemplo de éxito ha citado el caso de Francia, un país «donde se ha invertido durante años en los jóvenes y ahora un 20 por ciento de los productores tienen menos de 35 años», una cifra bastante superior a la media europea del 6,5 por ciento, ha indicado Baecke.
