La nueva normativa, respaldada hoy por los eurodiputados, debe recibir aún el visto bueno formal del Consejo y el Parlamento Europeo (PE), instituciones que llegaron a un acuerdo sobre el texto el pasado lunes.
La legislación establece que, con carácter general, los consumidores deberán obtener una licencia para poder adquirir esas sustancias, aunque prevé algunas excepciones.
El objetivo es combatir los ataques terroristas en los que se emplean explosivos caseros, como por ejemplo los ocurridos el pasado año en Noruega.
En muchos de los atentados que han tenido lugar en los últimos años se utilizaron explosivos hechos a partir de productos como fertilizantes o pastillas para la limpieza de piscinas.
La normativa pretende ofrecer el mismo grado de control sobre esas sustancias en toda la UE, ya que en estos momentos algunos Estados miembros son más restrictivos que otros.
«Con la nueva normativa, el acceso de los consumidores a los precursores explosivos se reducirá de manera considerable. Es un gran paso adelante en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada», dijo el ponente del informe sobre el tema en el PE, el liberal Jan Mulder.
La normativa prevé prohibir una serie de sustancias químicas cuando superen cierta concentración.
Los productos de esa lista, incluidos en el anexo 1 del texto, solo serán accesibles a los consumidores que puedan demostrar una «necesidad legítima» para su uso, a través de una licencia.
No será necesario ese requisito para comprar, siempre que no se superen ciertas concentraciones, tres sustancias químicas que se utilizan habitualmente como fertilizantes o en la limpieza de piscinas: peróxido de hidrógeno, ácido nítrico y nitrometano.
A pesar de ello, se pedirá a los vendedores que registren todas las ventas de los tres productos, algo que ya se hace en países como Alemania.
A los tres años de la entrada en vigor de la normativa, la CE informará sobre si es o no necesario seguir reforzando o armonizando las normas.
Algunos productos potencialmente peligrosos y para los cuales no es posible fijar un nivel máximo de concentración se seguirán dispensando sin restricciones, pero las ventas se someterán a controles y los comerciantes estarán obligados a informar sobre cualquier «transacción sospechosa», por ejemplo cuando se quiera comprar una cantidad superior al uso normal.
La nueva legislación será respaldada formalmente en uno de los Consejos de ministros que se celebrará la próxima semana.
Por su parte, la comisión de Libertades Civiles del PE lo votará en otoño.
Una vez aprobada la normativa, los países tendrán 18 meses para ponerla en marcha.
Las restricciones de acceso a las sustancias incluidas en el anexo 1 del texto surtirán efecto a los 3 años de la adopción de la legislación.
